Los tira y afloja que marcaron los últimos días de la comisión de expertos llamada a proponer una reforma a las isapres se extendieron hasta la mañana de ayer. Sólo horas antes de la entrega final, el sector privado pedía cambios en la redacción de un párrafo alusivo al lucro, para garantizar su permanencia en el sistema.
Así, la Presidenta Michelle Bachelet recibió de manos del secretario ejecutivo de la instancia, Camilo Cid, una copia del informe sin anillar y sujeta por un clip. Con todo, la última redacción logró el mayor consenso y permitió que los 16 comisionados que permanecieron en el grupo -tras la renuncia de los representantes de isapre Colmena, Gonzalo de la Carrera, y de las clínicas, Ana María Albornoz- suscribieran la propuesta, en conformidad con su contenido.
El texto de 219 páginas -que propone cambios inmediatos, una visión de futuro y acuerdos de mayoría y minoría- fue calificado como “histórico” por los comisionados, a raíz del acercamiento de los privados a la seguridad social del país, mediante un modelo que conjuga un plan único y universal, un fondo mancomunado entre Fonasa y las isapres y otro entre las aseguradoras, que terminaría con la cautividad (ver recuadros).
“Lo que hemos hecho es aplicar los principios de seguridad social a un mundo que los tenía completamente olvidados”, dijo Cid, aclarando que se trata de un cambio histórico, desde la creación de las isapres en 1981.
Ahora, el gobierno debe elaborar un proyecto de ley que entraría a trámite en diciembre y que, según las isapres, podría implementarse en tres años (ver entrevista).
“Este informe propone mejoras para el sistema privado, busca que sea coherente con los principios de seguridad social y también promueve mayor equidad y solidaridad entre quienes optan por las isapres (... ). Nuestro objetivo es avanzar hacia una cobertura que contemple el acceso a un conjunto de servicios de salud que estén garantizados a todos los ciudadanos, con una protección financiera lo más alta posible”, dijo Bachelet.
Efectos del modelo
En el documento se proyectan algunos efectos derivados de la introducción de solidaridad en el sistema, esto es, que todos los afiliados aporten su 7% a un fondo para financiarlo y accedan a un plan de seguridad social (PSS) universal.
Uno de ellos es que la aplicación de una tarifa plana podría obligar a que el 39% de los afiliados -jóvenes sin cargas- pague más para mantener sus actuales beneficios. Esto, con miras a que los grupos que hoy enfrentan la mayor discriminación -adultos mayores y mujeres en edad fértil- vean una rebaja en sus primas.
Otro escenario alude la eventual migración de afiliados de Fonasa a isapres, como efecto del término de la declaración de salud, que hoy define quién entra a una isapre y quién no. Así, la eliminación de esta barrera de entrada y tomando en cuenta un plan de seguridad social, financiado con el 7% de cotización y una prima comunitaria, podría causar que entre un 10 y un 17 por ciento de los beneficiarios Fonasa “serían susceptibles de cambiar de seguro, si se considera el ingreso o la renta como una barrera al cambio”, plantea el informe.
El argumento se basa en la cotización per cápita mensual de usuarios de Fonasa e isapres. Así, entre 1,3 millones y 2,2 millones de personas del seguro público alcanzarían la cotización promedio de isapres -que es de $ 37.000 y se asimila al costo del PSS- y podrían migrar al sistema privado.
“La eliminación de la declaración de salud significaría que las miles de personas que están en listas de espera, con enfermedades graves en el sistema público, migren de inmediato al sistema privado. Por eso es importante mantenerla y en el tiempo perfeccionar mecanismos”, dijo Marcelo Dutilh, comisionado y gerente de isapre Consalud.
Críticas a “estatización”
Sectores de la oposición alertaban ayer sobre una supuesta “estatización” del 7% de salud, a raíz del porcentaje de la cotización que será solidarizado con Fonasa y que se usará para financiar remedios de alto costo. Se trata de un punto que las isapres intentaron retirar de la propuesta, pero que finalmente aceptaron, a cambio de que se fijara una prima comunitaria adicional al valor del PSS, como barrera económica para usuarios Fonasa. “Las propuestas de fondo mancomunado significan que dentro del mismo sistema hay solidaridad para acciones universales, no es estatizar la plata”, dijo la ministra de Salud, Helia Molina.
